Algunos pederastas ven reducida su pena porque los padres evitan que sus hijos vean al agresor
El 26 de marzo España desayunaba con la noticia de la detención de Santiago del Valle y el 27 empezaba a conocer la cadena de errores judiciales que permitían seguir libre a un pederasta de contrastada peligrosidad. Ese mismo día, Benjamín Lora, un maestro que abusó de siete alumnas en El Puerto de Santa María (Cádiz), aceptaba una condena de cuatro años y medio en lugar de los 21 que pedía el fiscal. La razón de esa rebaja fue un acuerdo entre las partes para evitar a las menores, de ocho y nueve años, el mal trago de declarar en el juicio.
El problema de una "segunda victimización del menor", al tener que prestar declaración, incluso varias veces, está aún pendiente de resolver, advierten diversos colectivos en defensa de la infancia. También alertan de que, en ocasiones, los padres prefieren no denunciar para que sus hijos no sufran un proceso judicial. Por ello, algunos pederastas siguen en libertad o ven reducir sus penas sustancialmente.
Para prevenir esta irregularidad, las asociaciones piden cambios a la Fiscalía General del Estado. Mañana una comisión constituida por tres fiscalas y creada a raíz del caso de Mariluz celebra su segunda reunión para evitar fallos en casos de delitos sexuales.
La asociación Pro Derechos del Niño (PRODENI) lamenta que hasta ahora la Justicia sólo haya puesto "parches" para proteger los derechos del menor, como que declare tras un biombo o una mampara .
Su portavoz, José Luis Calvo, exige que tengan el mismo estatus que un ministro: "Que declaren una sola vez y no físicamente en los juzgados". En general, demanda "simplificar al máximo el procedimiento" y pide informatizar el sistema y dar formación a los funcionarios judiciales para mejorar el trato a los menores.
La Asociación para la Sanación y Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia (ASPASI) se opone a obligar a los niños a declarar en presencia de sus agresores. "Aumentará su temor, se sentirán todavía más presionados y probablemente se contradigan respecto a otras declaraciones. En un 86% de los casos, el agresor es un miembro de la propia familia o una persona del entorno de la víctima", explica su portavoz, Carmen Refuerce. Además, pueden pasar cerca de dos años entre el primer relato que hicieron los menores al presentar la denuncia y el juicio oral. Por esta razón, ASPASI considera fundamental que declaren una única vez ante el menor número posible de personas, y grabarlo para evitar nuevas declaraciones.
En una línea similar, la abogada y fundadora de la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente, María José Varela, reclama que sea obligatoria la grabación de una única declaración. Para que sea "legal", cree necesario que se realice ante expertos (psicólogos, psiquiatras) y "en una sala con un espejo unidireccional tras el que estén el juez, el fiscal y los abogados de la defensa y la acusación".
Testimonios ‘insuficientes':
Actualmente, no siempre es válida una declaración así, puesto que se dan casos en los que el juez no la cree suficiente y vuelve a llamar al menor. A veces, el condenado recurre la sentencia y se le absuelve porque el niño no declaró en el juicio, lamenta Varela.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Jaime Tapia, reconoce que "eventualmente" se graban las declaraciones de los niños en audio y sólo en "pequeñas experiencias" se han recogido sus testimonios en video. "En la práctica, es muy habitual que declare ante el juez, la policía, el médico forense, los psicólogos e, incluso, en el juicio oral", afirma. Aun así, asegura que en los últimos años los jueces son más sensibles en estos casos.
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